RESOLUCION No. 24/91

RESOLUCION No. 24/91

 

POR CUANTO:  El Decreto-Ley No. 125 de fecha 30 de enero de 1991 puso en vigor las normas relativas al Régimen de Posesión, Propiedad y Herencia de la Tierra y Bienes Agropecuarios.

 

POR CUANTO:  El expresado Decreto-Ley establece por su Disposición Final Primera que el Ministro de la Agricultura, oído el parecer de la ANAP y el Ministerio del Azúcar dictara las disposiciones legales complementarias al mismo.

 

POR CUANTO:  Resulta conveniente en la medida en que ello sea posible agrupar las referidas disposiciones complementarias en un único cuerpo legal, sin perjuicio de que determinadas materias en virtud de su especificidad, sean objeto de regulación independiente.

 

POR TANTO:  En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas,

 

RESUELVO

 

ARTICULO 1.- Aprobar y poner en vigor el Reglamento para la aplicación del Régimen de Posesión, Propiedad y Herencia de la Tierra.

 

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

ARTICULO 2.- A los fines de este Reglamento los términos que en el mismo se emplean se entenderán de la siguiente forma:

 

ANAP:  La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

Cooperativas:  Las Cooperativas de Producción Agropecuaria.

Decreto-Ley:  El Decreto-Ley No. 125 de 30 de enero de 1991.

Delegación Territorial:  La Delegación Territorial del Ministerio de la Agricultura.

Delegado Territorial:  El Delegado de la Delegación Territorial del Ministerio de la Agricultura.

Dirección Municipal:  La Dirección Municipal de Cooperativas y Campesinos.

Director Municipal:  El Director de la Dirección Municipal de Cooperativas y Campesinos.

Registro:  El Registro de la Tenencia de la Tierra.

 

CAPITULO II

TRASPASOS DE AREAS

 

ARTICULO 3.- Los Delegados Territoriales autorizarán las solicitudes de permutas que se interesen entre la tierra propiedad del Estado con cooperativas y de éstas entre sí, la venta de tierra entre cooperativas y por la cooperativa al Estado, cuando resulte procedente, así como la entrega a cooperativas de tierras en usufructo.

 

Es igualmente facultad de los Delegados Territoriales, autorizar la integración de las tierras de los agricultores pequeños, por cualquier concepto, a cooperativas o entidades agropecuarias o cañeras.

 

ARTICULO 4.- Los Delegados Territoriales podrán autorizar la división de tierras propiedad de agricultores pequeños, cuando el fin de la división sea entregar a una cooperativa la parte perteneciente a un copropietario o aportarla al Estado por cualquier título.

 

ARTICULO 5.- Las permutas y otros traspasos de áreas, a efectuar entre agricultores pequeños o entre éstos y una cooperativa u otra entidad, son facultad del que resuelve.

 

Compete también al que resuelve, autorizar las asignaciones de tierras a entidades estatales para su parcelación, urbanización y otros usos no agropecuarios, así como la entrega de tierras en usufructo a otras entidades estatales o no, salvo lo que respecto a las cooperativas se dispone en el Artículo 3 de este Reglamento.

 

ARTICULO 6.- De todo traspaso de área, con independencia del nivel de aprobación, se conformará un expediente cuya tramitación, documentación y demás requerimientos se ajustarán en lo pertinente a lo dispuesto al respecto por este propio organismo.

 

ARTICULO 7.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 6 del Decreto-Ley, los Delegados Territoriales elevarán al que suscribe para su aprobación, por conducto de la Dirección Jurídica del organismo, las solicitudes de trasmisión de tierra de propiedad cooperativa que no sean las previstas en el citado Artículo, fundamentando la utilidad pública o interés social de esta operación.

 

ARTICULO 8.- En todo traspaso de área en el que se involucren tierras destinadas a la producción cañera, se oirá el parecer del Ministerio del Azúcar en la instancia que corresponda, igualmente se escuchará el parecer de la ANAP cuando intervengan agricultores pertenecientes a dicha organización o cooperativas.

 

CAPITULO III

OCUPACION ILEGAL DE TIERRAS

 

ARTICULO 9.- Es responsabilidad de los jefes de las entidades poseedoras de tierras, velar porque no se produzcan ocupaciones ilegales de éstas, poniendo de inmediato en conocimiento de las infracciones que en este sentido se originen, a las autoridades que conforme a este Reglamento quedan facultadas para sancionar tal conducta, y velando porque se cumplan eficazmente las medidas que por las mismas se dicten.

 

ARTICULO 10.- Los Delegados Territoriales declararán mediante Resolución fundada, ocupantes ilegales de tierras a todas aquellas personas que en tal concepto la ocupen.

 

ARTICULO 11.- Al propio tiempo y cuando el origen de la ocupación ilegal sea la trasmisión o parcelación de tierras de un agricultor pequeño, el Delegado Territorial procederá conforme al Artículo 17 del Decreto-Ley en cuanto al área que aún pueda permanecer en posesión del propietario que realizó la trasmisión.

 

ARTICULO 12.- La declaración de ocupante ilegal será impugnable en los términos y condiciones establecidos en el Capítulo VI del Decreto-Ley.  Si ratificada por el que suscribe la declaración de ilegal, el ocupante se negase a la entrega de la tierra y venta de los bienes agropecuarios que fuesen de su propiedad, se dispondrá su extracción y se procederá a promover proceso de expropiación respecto a los referidos bienes.

 

Es obligación del Delegado Territorial procurar por todos los medios a su alcance y en el menor término posible, la extracción del ocupante ilegal.

 

ARTICULO 13.- No obstante lo expresado en el Artículo 10 de este Reglamento, los Delegados Territoriales podrán, oído el parecer de la ANAP a ese nivel y del Ministerio del Azúcar cuando proceda, conceder el carácter de usufructuarios a personas que reúnan los requisitos y condiciones siguientes:

 

  1. a) estar en posesión de la tierra desde fecha anterior al 31 de julio de 1986;
  2. b) haberse mantenido vinculado al trabajo de la tierra de manera permanente y estable hasta el momento en que se le conceda el usufructo;
  3. c) comercializar los productos obtenidos con las empresas acopiadoras del Estado.

 

ARTICULO 14.- Los Delegados Territoriales podrán interesar del que resuelve mediante escrito fundado y oído el parecer de la ANAP a esa instancia, o del Ministerio del Azúcar, cuando proceda, la concesión del usufructo de la tierra a favor de personas que no cumplan todos los requisitos expresados en el anterior Artículo.

 

La negativa de la concesión del usufructo, por el que suscribe no podrá ser objeto de impugnación en ningún caso.

 

CAPITULO IV

INFRACCION DE LAS DISPOSICIONES SOBRE LA POSESION, USO Y

APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA Y SUS SANCIONES

 

ARTICULO 15.- A los efectos de lo dispuesto en el Artículo 10 del Decreto-Ley, las Direcciones Municipales y la representación de la ANAP y el Ministerio del Azúcar a esa instancia, así como cualquier persona designada expresamente por el Delegado Territorial a esos efectos, quedan responsabilizados con la detección de las infracciones consignadas en el Artículo 9 de la propia norma.

 

ARTICULO 16.- Una vez conocida la conducta infractora según la información suministrada por las personas señaladas, puestas de común acuerdo dispondrán la forma de apercibir el infractor concediéndole un término prudencial para la erradicación de la conducta infractora, el cual nunca será mayor al tiempo mínimo indispensable para subsanar la conducta de que se trate, decursado el cual verificarán el cumplimiento o no de lo indicado, estableciendo un nuevo plazo cuando existan razones muy fundadas para ello.   En todos los casos se dejará constancia mediante acta que se levante al efecto, la que deberá firmar la persona requerida o en su defecto dos testigos.

 

Cuando la infracción esté constituida por el hecho de ceder o vender tierras sin la autorización pertinente o con infracción de las normas legales vigentes establecidas para ello, no se concederá plazo alguno, procediéndose conforme a lo dispuesto en el Artículo 10 del presente Reglamento o su Artículo 13 cuando resulte procedente.

 

ARTICULO 17.- Agotadas plenamente las discusiones con el infractor y ante la evidencia del carácter reiterado y grave de la conducta infractora, las personas a que se refiere el Artículo 15 del presente Reglamento evaluarán el caso y propondrán la medida a adoptar al Director Municipal, el cual confeccionará un expediente contentivo de las investigaciones realizadas, actas de advertencia y cuantos otros documentos resulte necesario y mediante informe fundado y firmado por los representantes del Ministerio de la Agricultura y la ANAP a esa instancia, así como el Ministerio del Azúcar cuando corresponda, procederán a solicitar del Delegado Territorial por conducto del Departamento Jurídico de la Delegación, que eleve a la consideración del que resuelve la declaración de la utilidad pública o interés social de la tierra y bienes agropecuarios, a los fines de su expropiación, remitiendo a tales efectos el citado expediente.

 

ARTICULO 18.- En el término de quince días los Delegados Territoriales procederán a la devolución del expediente al Director Municipal cuando no entendieran procedente lo solicitado o considerasen incompleta la información recibida, en cuyo último caso fijarán término no superior a los 20 días para el completamiento del expediente.

 

ARTICULO 19.- Verificados los particulares a que se refiere el Artículo anterior y oído el parecer de la ANAP a esa instancia y del Ministerio del Azúcar cuando proceda, los Delegados Territoriales, de entender procedente lo interesado, procederán en el término de los quince días siguientes a la recepción del expediente, a elevar al que suscribe por conducto de la Dirección Jurídica del organismo, expediente solicitando la declaración de utilidad pública o interés social, el cual contendrá los siguientes elementos:

 

  1. generales completas del propietario del bien o titular del derecho objeto de la expropiación, poseedores y ocupantes legítimos del bien y persona con interés económico directo sobre el mismo, a esos efectos se considerará propietario o titular a quien con ese carácter conste en el Registro;
  2. relación de los bienes o derechos objeto de la expropiación;
  3. el avalúo de los bienes objeto de la expropiación conforme a la Tabla Oficial de Precios y el monto del pago en efectivo, así como el avalúo de los bienes que se proponen entregar a cambio de los que sean objeto de expropiación en los casos en que por afectarse una vivienda se proponga la entrega de otra en su lugar, con expresión de las condiciones y términos de la pretendida operación;
  4. ch) explicación razonada de la necesidad concreta de adquirir y ocupar dichos bienes o derechos por ser imprescindibles para el fin de la expropiación;
  5. pruebas testificales o documentales que justifiquen que la persona contra la que se dirige la expropiación ha infringido reiteradamente la obligación a que se refiere el Artículo 8 del Decreto-Ley, así como que se han agotado las posibilidades de discusión y solución del caso en la instancia territorial;
  6. Documento de la entidad que recibirá la tierra objeto de la expropiación, responsabilizándose con su inmediata explotación; y
  7. demás documentos a que se refiere el Artículo 17 de este Reglamento.

 

ARTICULO 20.- Una vez recibido el expediente en la Dirección Jurídica se procederá por ésta a verificar si el mismo cumple todos los requerimientos legalmente establecidos, comprobado lo cual y en un término de quince días, lo elevará al que suscribe conjuntamente con el proyecto de Resolución declarando la utilidad pública o interés social, o en su lugar informe razonado acerca de porqué no debe accederse a lo solicitado.  En el propio término y de estimar incompleta la documentación, lo podrá devolver a la Delegación Territorial con las indicaciones que resulten procedentes.

 

ARTICULO 21.- Una vez firmada la Resolución, será remitida conjuntamente con el expediente, por conducto de la Dirección Jurídica, a la Delegación Territorial correspondiente.

 

ARTICULO 22.- En el término de cinco días siguientes a su recepción, el Delegado Territorial, o la persona en quien éste expresamente delegue, pondrá en conocimiento del Tribunal Provincial Popular que corresponda la Resolución declarando la utilidad pública o interés social a los fines de la expropiación.

 

ARTICULO 23.- Es responsabilidad del Delegado Territorial garantizar la inmediata ocupación y puesta en explotación de la tierra tan pronto el Tribual dé su posesión.

 

CAPITULO V

ADJUDICACION DE LA TIERRA Y BIENES AGROPECUARIOS PROPIEDAD

DEL AGRICULTOR PEQUEÑO FALLECIDO

 

ARTICULO 24.- Dentro del término de 90 días posteriores al fallecimiento de un agricultor pequeño, las personas que interesen el reconocimiento de sus derechos hereditarios sobre la tierra y bienes agropecuarios, o al precio de éstos, expresarán mediante Declaración Jurada ante la persona que a tal efecto se designe en la Dirección Municipal que corresponda, los particulares siguientes:

 

  1. a) relación de quienes presumiblemente tienen derecho a heredar la tierra y bienes agropecuarios o al cobro de su precio;
  2. b) pruebas en que se pretendan basar los referidos derechos, tanto en lo relativo al parentesco con el causante como en cuanto al trabajo permanente y estable de la tierra durante cinco años anteriores al fallecimiento del agricultor pequeño y hasta el momento de la adjudicación, o en su derecho las que acrediten la ausencia de ingresos propios y la dependencia económica en los términos y condiciones previstas en los Artículos 20 y 21 del Decreto-Ley.
  3. c) acuerdo adoptado por los presuntos herederos en cuanto a quienes ejercerán la administración provisional y la definitiva de la unidad de producción.

 

Los particulares consignados en la Declaración Jurada a que se refieren los incisos b) y c), serán acreditados por el o los solicitantes mediante la presentación de la pruebas correspondientes.

 

La viuda o el viudo que tengan el carácter de copropietarios, lo acreditarán mediante certificación expedida por el Registro, a los fines de la trasmisión que en tal concepto pudiera corresponderle.

 

ARTICULO 25.- En aquellos municipios donde no existiera Dirección Municipal, el Delegado Territorial determinará el lugar a efectuar la solicitud y los funcionarios responsabilizados con el proceso de elaboración y control del expediente de adjudicación.

 

Los funcionarios a que se refiere el apartado anterior tendrán todas las atribuciones y obligaciones que en cuanto a los Directores Municipales se señalan en este Reglamento.

 

ARTICULO 26.- Cuando al momento de la solicitud las personas no dispusieran de todos los medios de prueba requeridos, el funcionario designado al efecto les concederá un término prudencial conforme a la Ley, a fin de que acrediten los particulares que fueran necesarios, tanto respecto al parentesco con el causante, como en cuanto al trabajo permanente y estable de la tierra o la dependencia económica del agricultor pequeño fallecido.

 

ARTICULO 27.- En el proceso de práctica de las pruebas, el funcionario actuante requerirá la exhibición del carné de identidad, practicará pruebas testificales y exigirá los documentos que entienda pertinentes a fin de acreditar el parentesco con el causante.

 

ARTICULO 28.- A fin de acreditar los particulares a que se refieren los Artículos 20 y 21 del Decreto-Ley, se exigirá la documentación siguiente, en cuanto a:

 

  1. a) los impedidos temporalmente para trabajar la tierra por causas ajenas a su voluntad, documento expedido por autoridad facultada del centro asistencial, penitenciario o el que corresponda según el caso, donde se precise con la mayor exactitud posible el lapso de tiempo por el que ha de prolongarse el impedimento temporal, así como la prueba documental o testifical de que antes del impedimento laboró por cinco años;

 

  1. b) los totalmente impedidos para el trabajo por causas físicas o mentales, el dictamen médico correspondiente acreditando la incapacidad total;

 

  1. c) los que se encuentran cumpliendo el Servicio Militar o misión internacionalista, documento de autoridad facultada donde conste este particular o el tiempo previsto de conclusión del servicio o misión;

 

  1. ch) los que se encuentran cursando estudios, documento del centro de estudios, donde se especifique la fecha de conclusión de éstos; y

 

  1. d) los egresados de centros superiores que se encuentren cumpliendo el Servicio Social, documento emitido por la entidad laboral empleadora del graduado, haciendo constar la fecha en que se estableció el vínculo con éste.

 

ARTICULO 29.- Al momento de la solicitud, el funcionario de la Dirección Municipal confeccionará un expediente provisional, al cual incorporará la Declaración Jurada y demás documentos que en ese momento se aporten.  Una vez entregados por el o los solicitantes toda la documentación requerida, procederá a radicar definitivamente el expediente, al cual incorporará las investigaciones que se realicen para verificar la información aportada por los solicitantes, el certificado de tenedor inscripto en el Registro o, en su defecto, la constancia de la solicitud de inscripción del causante o de sus presuntos herederos y un predictamen donde se consigne quienes a su juicio son los herederos del causante con derecho a la tierra y bienes agropecuarios, o a su valor.

 

ARTICULO 30.- El citado predictamen será avalado por el Director Municipal, el cual ostentará la máxima responsabilidad en el proceso de elaboración y control del expediente de adjudicación en esta instancia.

 

ARTICULO 31.- A partir de la radicación definitiva del expediente, la Dirección Municipal dispondrá de un término de 45 días para efectuar en el mismo los trámites que se requieran, transcurrido el cual lo elevará al Delegado Territorial por conducto del Departamento Jurídico de la Delegación.

 

ARTICULO 32.- Cuando resulte imprescindible para el normal funcionamiento de la unidad de producción, en el transcurso de los trámites de adjudicación, el Delegado Territorial dictará Resolución autorizando la administración provisional de dicha unidad.  La autorización se dará al heredero que designe la mayoría y, de no haber acuerdo, al que decida el Delegado Territorial.

 

Contra la antes mentada Resolución no cabrá recurso alguno.

 

ARTICULO 33.- En el término de 45 días, el Delegado Territorial analizará el expediente que le ha sido remitido, indicará la práctica de nuevas pruebas cuando lo considere necesario y en definitiva dictará Resolución determinando diferenciadamente a los herederos que tienen derecho a la adjudicación de la tierra o en su caso al precio de la misma.

 

ARTICULO 34.- De concurrir conjuntamente herederos con derecho a la tierra y bienes agropecuarios y al precio de éstos, el Delegado Territorial dispondrá la integración al Patrimonio Estatal del área pagada.  En los casos en que por ser muy pequeña su cabida o no resultar de inmediato interés para el desarrollo estatal o cooperativo, no resulte conveniente la ocupación de la señalada área, el Delegado Territorial podrá disponer que los herederos con derecho a la tierra la conserven en usufructo previo el pago del valor de los bienes y bienhechurías pagadas por el Estado al propietario.

 

ARTICULO 35.- Cuando en el proceso de adjudicación se considere de aplicación lo dispuesto en el Artículo 23 del Decreto-Ley en cuanto a la posibilidad de los herederos a que se refieren los Artículos 21 y 22 del propio cuerpo legal, de incorporarse al trabajo de la tierra en un término prudencial, el Delegado Territorial, oído el parecer de la ANAP a esa instancia, y del Ministerio del Azúcar cuando proceda, dispondrá el reconocimiento de este derecho y así lo hará constar en su Resolución.

 

ARTICULO 36.- Cuando por resultar significativamente diferente la cantidad de tierra que se venía explotando por los herederos, resulte manifiestamente injusto que la adjudicación se produzca en iguales cuotas, el Delegado Territorial, oído el parecer de la ANAP a esa instancia, podrá disponer que la adjudicación no se efectúe a partes iguales.

 

ARTICULO 37.- Vencido el plazo de 90 días posteriores al fallecimiento de un agricultor pequeño, si no se ha interesado por sus presuntos herederos al reconocimiento de derechos sobre la tierra y bienes agropecuarios o el valor de éstos, el Delegado Territorial podrá disponer su integración al Patrimonio Estatal y consiguiente ocupación, sin perjuicio del derecho de los herederos al cobro cuando proceda.

 

ARTICULO 38.- Es responsabilidad del Departamento Jurídico de la Delegación Territorial, garantizar que la Resolución dictada por el Delegado en el proceso de adjudicación, sea oportunamente notificada a todos los herederos del causante que interesaron se les reconociera derechos sobre la tierra y demás bienes agropecuarios o el valor de éstos.

 

ARTICULO 39.- Los herederos a quienes se les adjudique la tierra y bienes agropecuarios o el valor de éstos, son responsables de liquidar la deuda contraída por el causante con el Banco Nacional de Cuba u otras entidades, por concepto de créditos otorgados o deudas vinculadas a la producción agropecuaria.

 

En los casos en que no halla persona alguna con derecho a la adjudicación de la tierra y bienes agropecuarios o su valor y éstos pasen a propiedad del Estado, la entidad estatal a quien se le entregue la tierra y otros bienes en administración, asumirá la deuda pendiente de liquidar por el concepto expresado.

 

ARTICULO 40.- En los casos de tierras sujetas al pago de renta, compensación o subsidio, el Director Municipal dispondrá el pago íntegro de lo que recibía el causante por ese concepto, por el término de 90 días contados a partir de la solicitud de reconocimiento de los derechos hereditarios a favor de las personas que presuntamente dependían económicamente de éste, lo cual comunicará por escrito a la agencia bancaria correspondiente.

 

Decursados los 90 días o antes de dicho término de haberse emitido la Resolución correspondiente, se estará a lo resuelto por el Delegado Territorial, disponiéndose la cancelación de los pagos cuando resulte procedente.

 

ARTICULO 41.- En todo cuanto no se oponga al Artículo anterior, el procedimiento para el cobro del precio de la tierra y bienes agropecuarios, por parte de los herederos a que se refiere la Disposición Especial Octava del Decreto-Ley, será el establecido en el presente capítulo, en cuanto le resulte aplicable.

 

CAPITULO VI

TRASMISION DE BIENES AGROPECUARIOS PROPIEDAD DEL COOPERATIVISTA FALLECIDO

 

ARTICULO 42.- Los anticipos pendientes de cobro, la participación en las utilidades a distribuir y la amortización pendiente de los bienes aportados por un cooperativista que fallezca, se trasmitirán en primer término a los herederos que sean miembros de la cooperativa a la que pertenecía el causante u otra y a aquellos que dependían económicamente del cooperativista fallecido, entendiéndose por tales los que, careciendo de ingresos propios, sus ingresos provenían del trabajo del cooperativista desde un año antes de su fallecimiento.

 

El orden para suceder entre los referidos, es el establecido en la legislación sucesoria común.

 

ARTICULO 43.- Los herederos del cooperativista que interesen los derechos a que se refiere el Artículo anterior, presentarán en los treinta días siguientes al del fallecimiento, solicitud ante el Director Municipal, a la cual acompañarán escrito firmado por el Presidente de la cooperativa acreditando el carácter de miembro de ésta o la dependencia económica del cooperativista fallecido.

 

ARTICULO 44.- El Director Municipal, oído el parecer de la ANAP a esa instancia y del Ministerio del Azúcar cuando se trate de cooperativas cañeras, elevará informe al Delegado Territorial en el término de quince días siguientes a la solicitud, el cual en igual término dictará Resolución reconociendo el derecho a los herederos que corresponda, o denegando la solicitud según proceda.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA: Los Departamentos Jurídicos de las Delegaciones Territoriales quedan responsabilizados con la fiscalización y el control de los términos y estipulaciones a que se refieren las Disposiciones Transitorias Primera y Tercera del Decreto-Ley, así como con la proposición al Delegado Territorial de las medidas que en cada caso correspondan.

 

SEGUNDA:  Se derogan las Resoluciones No. 324 de 2 de noviembre de 1983, la No. 283 de 31 de julio de 1986, ambas de quien suscribe y cuantas más disposiciones de igual o inferior rango se opongan al presente Reglamento, que comenzará a regir a partir del primero de abril de 1991.

 

TERCERA:  Publíquese en la Gaceta Oficial de la República para general conocimiento.

 

DADA en Ciudad de La Habana a los 19 días del mes de marzo de 1991, “AÑO 33 DE LA REVOLUCION’.

 

 

Carlos Pérez León

Ministro de la Agricultura

 

 

 

 

 

 

Deja un comentario